Law360, Miami (20 de julio de 2017, 9:51 p. m. EDT) — Un juez federal de Miami condenó al último de los 10 propietarios de centros de vida asistida del sur de Florida acusados ​​el año pasado de conspirar con una farmacia local para defraudar a Medicare y Medicaid, según el Departamento de Justicia de EE. UU. y registros judiciales.

La jueza federal de distrito Marcia G. Cooke condenó a Maribel Galván, de 43 años, de Miami Lakes, el 12 de julio a un año y un día de prisión, seguido de tres años de libertad supervisada. También le ordenó pagar 12.000 dólares en restitución, dijo el Departamento de Justicia el miércoles en un anuncio sobre la finalización del caso.

Otro juez federal también redujo la semana pasada la sentencia de la ex propietaria de la farmacia en el centro del plan por su cooperación en investigaciones de fraude.

En octubre, los fiscales federales acusaron a María Serrano, ex propietaria y administradora de Florida Pharmacy, con sede en Hialeah, de conspirar para robar dinero y propiedades del gobierno, y en un caso separado acusaron a los propietarios de centros de vida asistida, a quienes Serrano pagó sobornos y comisiones ilícitas a cambio de refiriendo a residentes que eran beneficiarios de Medicare y Medicaid a su negocio.

Como parte del plan, Serrano también aceptó medicamentos recetados devueltos que ya habían sido pagados por Medicare y Medicaid, supuestamente para uso de los residentes del centro de vida asistida, y, con sus cómplices, revendió los medicamentos.

Los fiscales en ese momento describieron el plan como “un delito grave que se ha convertido en un problema cada vez mayor en el sur de Florida”.

Galván y los otros nueve propietarios de instalaciones de vida asistida se habían declarado previamente culpables de conspirar con Florida Pharmacy para recibir comisiones ilícitas y sobornos a cambio de remitir a beneficiarios que vivían en sus instalaciones para presentar reclamaciones por medicamentos recetados y equipos médicos ante Medicare y Medicaid, informó el DOJ. dicho.

Según el Departamento de Justicia, la participación de los propietarios de centros de vida asistida violó sus acuerdos con proveedores de Medicaid, así como las normas y regulaciones federales y estatales contra las sobornos.

El juez Cooke dictó sentencias de prisión que van desde ocho meses a un año y un día para nueve de los 10 acusados: Galván; Marlene Marrero, 60 años, de Miami; Norma Casanova, 67 años, de Miami Lakes; Yeny De Erbiti, 51 años, de Miami; René Vega, 57 años, de Miami; Dianelys Pérez, 34 años, de Miami Gardens; Osniel Vera, 47 años, de Hialeah; Alicia Almeida, 56 años, de Miami Lakes; y Jorge Rodríguez, de 57 años, de Hialeah, según el Departamento de Justicia y registros judiciales.

La décima acusada, Blanca Orozco, de 69 años, de Miramar, fue sentenciada a prisión domiciliaria.

A todos los acusados ​​también se les ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y pagar restitución, y están sujetos a sentencias de decomiso, dijo el DOJ.

Sus negocios incluían Senior's Palace Inc., Soby Group Homes, cuatro ubicaciones administradas por Casanova ALF, Paradise Adult Center Inc., Ailin Living Facility Inc., Vega's ALF Corp., Ambars Group Home Corp., PM Adult Home Corp., La Reina. ALF Corp., Home My Family Inc., Alelise ALF Corp. y Julia Home Health Care Inc.

El juez federal de distrito José E. Martínez condenó a Serrano en febrero a 30 meses de prisión seguidos de tres años de libertad supervisada y le ordenó pagar más de 1,2 millones de dólares en restitución. El viernes pasado accedió a una moción para reducir su pena, modificando su pena de prisión a un año y un día.

Los fiscales sugirieron que una reducción del 50 por ciento sería justa y apropiada a la luz de la decisión de Serrano de cooperar y brindar “asistencia sustancial y extensa” en el procesamiento de otras personas involucradas en fraude a Medicaid y Medicare.

“Si bien no excusa el delito muy grave que cometieron María Serrano y sus cómplices, la reducción sí reconoce y recompensa la voluntad de María Serrano de cooperar y brindar testimonio veraz que los agentes podrían usar y usaron para procesar a otros, conducta que Es de esperar que otros acusados ​​emulen en el futuro”, dijeron los fiscales al tribunal.

El abogado de Serrano le dijo a Law360 que calificaría su cooperación como sin precedentes.

“Está deseando dejar todo esto atrás y volver con su familia”, dijo el jueves Adam Schwartz de Homer Bonner Jacobs.

Los abogados de los acusados ​​de varios centros de vida asistida no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el jueves.

Ambos casos fueron procesados ​​por Hagerenesh K. Simmons de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

Marrero está representado por Jacob M. Denaro y Moises Thomas Grayson de Blaxberg Grayson Kukoff & Twombly PA. Orozco está representado por Lawrence E. Besser de Samek & Besser y Abe Koss. Casanova y Pérez están representados por Roy Jeffrey Kahn. De Erbiti está representado por la oficina legal de Michael Mirer PA. Vega está representada por Frank J Gaviria PA. Galván está representado por Roger Cabrera PA. Vera está representada por Matthew Eric Ladd. Almeida está representada por Carlos Fernando González de Rimón PC. Rodríguez está representado por Elio Vázquez.

Serrano está representado por Adam Schwartz de Homer Bonner Jacobs.

Los casos son USA v. Marrero et al., caso número 1:16-cr-20799, y USA v. Serrano, caso número 1:16-cr-20786, ambos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

–Edición de Alanna Weissman.

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